Sanidad pública y sanidad privada

En España, las necesidades sanitarias de los ciudadanos están cubiertas mediante el Sistema Nacional de Salud, financiado a través de los impuestos de todos, mediante el cual se puede elegir médico de cabecera consiguiendo cita en un par de días desde la solicitud, y este les puede remitir al especialista. Desgraciadamente, las listas de espera para la consulta del especialista suelen ser largas, las atenciones sanitarias están limitadas (como los tratamientos dentales y ópticos), los servicios de urgencia están saturados, y las consultas de medicina general repletas.

Los españoles también tenemos la opción de utilizar la sanidad privada, bien como complemento o bien como alternativa a la sanidad pública. En los últimos años esta última está ganando en importancia debido a ventajas como la inexistencia de listas de espera, por lo que no se tiene que esperar tanto para ser tratado, el poder pedir cita con el especialista deseado directamente, la amplitud de prestaciones sanitarias, la más estrecha relación entre médico y paciente, la rapidez en obtener los resultados de análisis y pruebas, y el mayor cuidado por la atención al paciente.

Así pues, tenemos un sistema público y uno privado en “relativa” competencia. Digo “relativa” porque la palabra competencia no sería la exacta, ya que la persona que no utiliza el sistema público no es una pérdida para este sistema, sino un beneficio del 100%.

El Sistema Nacional de Salud puede empezar a hacer aguas a medio/largo plazo, especialmente en lo que se refiere a sus fuentes de financiación, debido al aumento de la esperanza de vida de la población, el uso indiscriminado de sus servicios, el descenso de las arcas del Estado debido entre otras causas al aumento de la tasa de paro, por no mencionar la debacle financiero-inmobiliaria y la tan temida crisis.

Por otro lado, la sanidad privada es más eficiente en el uso de sus recursos, ya que al tratarse de una empresa privada se ve sometida a la ley de la oferta y la demanda, y por tanto se le va a exigir una administración de sus recursos que garantice una rentabilidad. Lo que no ocurre en el hospital público.

Ante esta situación cabria plantearse la relación entre la sanidad privada y la pública. En mi opinión, en lugar de una relación de competencia, lo ideal sería una relación de colaboración. Ya que el ser privado no implica trabajar con recursos propios, debería plantearse la unión de recursos, que permita ofrecer un servicio mejor y económicamente más eficaz, de modo que se haga sostenible el sistema.

Esta unión se podría llevar a cabo a través de mecanismos de copago entre las arcas públicas y los bolsillos de los usuarios. Así pues, el Estado pagaría una parte del coste del servicio sanitario a las entidades privadas que proveerían dichos servicios (tal y como sucede ahora para los funcionarios afiliados a Muface), y el usuario pagaría el resto.

Con esta medida también se estaría asegurando un uso más racional del servicio sanitario, ya que parte del servicio debería ser costeado por el propio usuario. Evitando un coste innecesario al Estado y reduciendo considerablemente la masificación de las consultas médicas.

Aun así habrá gente que diga que ir al médico es caro. Pero los conceptos “caro” o “barato” son relativos, caro es aquello que tiene un precio mayor al valor que cada persona le dé.

Para mí es carísimo gastarse 200 euros en unos pantalones de marca, y para otro no lo será, pero si lo será mi Mp4 de 199 euros que para mí es una compra magnífica. Lo que quiero decir es que los 50 ó 60 euros que cuesta una consulta privada serán caros para quien no valore su salud.

Lo que no es justo es que yo que valoro mi salud y pago una consulta privada cuando lo necesito, tenga que pagar con mis impuestos el coste de aquel que no lo ve así, y prefiere gastarse el dinero en copas un fin de semana por la noche. Porque recordemos que la sanidad pública no es gratuita ni opcional, ya que todos los meses unos euros de nuestras nóminas salen para sufragarla.